La inflación ha venido para quedarse, empobreciendo aún más a la clase trabajadora
La primera mitad del año 2022 ha sido clave para entender que se está gestando una nueva crisis sobre la que ya estamos viviendo la clase trabajadora desde hace más de una década. El aumento de los precios del petróleo, el gas, la electricidad, ya están teniendo efectos de segunda vuelta sobre el coste de la vida. Todo, absolutamente todo, ha aumentado su precio. Según los datos publicados por el INE de junio de 2022, el IPC ha subido un 10,22%, un 1,5% más que en mayo de este mismo año, la tasa más alta desde 1985. Y en cuanto a la tasa de inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), aumentó seis décimas hasta el 5,5%, siendo la tasa más alta desde agosto de 1993. La variación anual de los precios en el transporte (19%), la vivienda (18%), los alimentos (13%), son una muestra del fuerte encarecimiento de la vida en pocos meses.
Por otro lado, desde hace más de una década, los salarios reales se han visto devaluados, suponiendo una pérdida de un 10% de la capacidad adquisitiva promedio (datos del INE). Una situación que se agrava al conocer los datos de los convenios firmados durante este año. Hasta junio de 2022 los convenios pactados cubren a más de 6.177.0000 personas, siendo la subida salarial promedio del 2,3%. Es decir, ya se han pactado más de 2.300 convenios en lo que va de año con una inflación promedio del 8,3 %. Por lo que se institucionaliza una pérdida salarial de forma generalizada del 6,1% en lo que va de año.
Al mismo tiempo, la evolución de los márgenes de beneficio no va en el mismo sentido. En el último informe trimestral del Banco de España, se detecta mucha volatilidad y diferencias entre unos tipos de empresas y otras, pero resalta la evolución de los márgenes de beneficio de las empresas manufactureras y de las industrias extractivas, de energía y agua, mostrando cómo éstas han “recuperado vigorosamente (los márgenes) tras la caída de 2020, y en el primer trimestre de 2022 se situaban por encima de sus niveles prepandemia”.
Nos encontramos ante una compleja situación marcada por el aumento del precio de la vida y la pérdida de poder adquisitivo, un panorama que no ha hecho más que empeorar la situación socioeconómica de los y las trabajadoras. Todo ello va a tener efectos demoledores en las personas más vulnerables. Tal y como anuncia la Comisión Europea en un informe, la inflación va a tener unos efectos regresivos sobre las rentas más bajas, acentuando aún más la desigualdad. Asimismo, resalta la necesidad de “apoyar a los hogares vulnerables», gravando los beneficios extraordinarios –sobre todo porque los beneficios empresariales que parecen haber contribuido de forma desproporcionada a la inflación–, ayudando a cumplir tanto con los objetivos climáticos; como con el principio de equidad social como parte del Pilar Europeo de Derechos sociales. Hecho que está por ver.
Para ello, la situación del mercado laboral y el fortalecimiento de los derechos laborales, son claves para la clase trabajadora. En relación a los últimos datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) del 2º trimestre de 2022, publicados el 28 de julio de 2022, observamos que el número de paradas se reduce este trimestre en 255.300 personas, lo que supone una reducción de la tasa de paro total al 12,48% (-1,17%), siendo la masculina del 11,05% y un 14,15% en el caso de las mujeres. La bajada del número de personas desempleadas por debajo de los 3 millones es un dato positivo a primera vista; sin embargo, hay otros datos que nos siguen preocupando y no son muy alentadores.
Por un lado, las horas efectivas trabajadas a la semana se redujeron un 1,9% respecto al trimestre anterior y un 4% en relación al segundo trimestre de 2021. Una muestra de que posiblemente se está creando empleo pero por menos horas, lo que supone mayor precariedad para los y las trabajadoras. Por otro lado, el paro de las menores de 25 años supera el 36%, una situación que ante los mecanismos de salida del mercado laboral y la falta de políticas activas de empleo y los objetivos de los planes de pensiones y la salida de personas jubiladas, deja a los jóvenes ante un laberinto sin salida. Y en términos territoriales, sigue siendo preocupante el desempleo en Canarias, 17,76%, Andalucía del 18,68%, Ceuta 22,7% y Melilla con 24,6%, lo que demuestra las desigualdades territoriales y la ausencia de medidas para revertir esta situación que cada trimestre se repite.
Asimismo, entendemos que hay múltiples aspectos que siguen empeorando nuestras condiciones económicas y sociolaborales y que deben de denunciarse trimestre tras trimestre, con el objetivo de conocer la realidad laboral a la que nos exponemos la clase trabajadora. Si bien la temporalidad ha disminuido una tasa del 19% del total de ocupados (-6%), lo cierto es que como ya denunciamos desde CGT, transformar los contratos definidos en fijo- discontinuos no hace más que vestir la precariedad y la incertidumbre laboral bajo otro concepto.
Por otro lado, observamos como la parcialidad sigue en torno al 14%, un hecho alarmante ya que es una
fuente de segregación ocupacional entre hombres y mujeres, además de suponer la única alternativa para muchas personas que se ven obligadas a escoger ante la falta de empleos dignos. El 73% de las personas con este contrato siguen siendo mujeres, y de todas ellas, el 48% son contratos involuntarios en el caso de las mujeres y un 53% en el caso de los hombres, mientras que el 24% de las mujeres frente al 9% de los hombres, reconocen tener este tipo de relación laboral debido a trabajos y responsabilidades de cuidados y del hogar. Desgraciadamente la desigualdad en el reparto de responsabilidades y tiempos entre hombres y mujeres sigue siendo una realidad que perpetúa la división sexual del trabajo y que no es sujeto de reforma para el gobierno actual. Una vez más las mujeres siguen siendo las más perjudicadas.
Lamentablemente se siguen realizando dinámicas perversas que impiden el reparto del trabajo y la mejora de las condiciones laborales y salariales. Una muestra de ello es el número de horas extras, más de 6.6 millones horas extras a la semana de las cuales 49% son no pagadas (+16% respecto al primer trimestre de 2022). La fuerte presencia de este tipo de prácticas de explotación debería de estar prohibida, ya que impide que las personas accedan a trabajos mejor pagados, y por supuesto, supone un obstáculo para reducir la tasa de paro estructural que arrastra el Estado español y que podría agravarse en los próximos meses.
Nuestras condiciones laborales siguen empeorando a través de la flexibilización e intensificación de las cargas y trabajos. Una muestra de ello son los accidentes laborales, más aún después de las dos muertes sucedidas las pasadas semanas en Madrid, donde dos trabajadores, en lamentables condiciones laborales, estaban trabajando en una situación de riesgo extremo. Unas empresas y un ayuntamiento, que no garantizaban la salud laboral de sus trabajadores pero, aun así, exigían la continuidad del trabajo, a pesar de no cumplir con la Ley de salud laboral. Desgraciadamente, esto no son hechos aislados. Desde el comienzo de 2022 hasta mayo, han muerto 336 personas en su trabajo, 57 personas más que el año anterior en este mismo periodo, es decir, un 22,7% más en los accidentes en el horario de trabajo y un 11,6% en los accidentes in itinere (datos del ministerio de Trabajo y Eª Social).
Todo esto evidencia las deficiencias y la falta de contundencia de la última reforma laboral, ya que no elimina prácticas y dinámicas que no hacen más que ahogarnos a las trabajadoras, y que, por supuesto, no van a revertir la situación económica y sociolaboral que ya venimos arrastrando. Según datos de Eurostat de 2021, El porcentaje de personas que viven en riesgo de pobreza y exclusión social en 2021 es del 27,8%, mientras que el porcentaje de personas asalariadas que viven por debajo del umbral de pobreza es del 16,34%, un 4,4% más que en 2020. Si a esta situación le sumamos los datos de hogares de la última EPA en materia de ingresos, observamos que más de 571 mil hogares siguen sin tener un solo ingreso.
Al mismo tiempo, una muestra del fracaso de las medidas aplicadas y la falta de voluntad política por poner soluciones a la raíz del problema, es el aumento de la desigualdad. Indicadores como el S20/s80, que mide la desigualdad de ingreso entre el 20% de la población más rica y más pobre en 2021, alcanza el 6,1%. Es decir, el 20% más rico de la población tiene unas rentas 6,1 veces el 20% más pobre, un 7% más que en el último año. Y lo peor de todo, es que la tensión inflacionista actual, incidirá de forma contundente, aumentando aún más la desigualdad económica y social de la población.
La amenaza de una nueva crisis y efectos sobre el empleo de una nueva ralentización económica, dinamita el poder de negociación colectiva y sindical de la clase trabajadora. Los efectos desiguales de la inflación no harán más que perpetuar estas diferencias. Por eso, desde CGT, alertamos del peligro que existe en abordar en la mesa de negociación del pacto de rentas la moderación salarial como mecanismo antiinflacionario. Esta medida no sólo no servirá para reducir la tendencia alcista de los precios, ya que no es debido a las subidas salariales -al revés-, sino que será una forma de institucionalizar la precariedad, la pobreza y la desigualdad.
Tras 5 meses de guerra, desgraciadamente aún no se percibe el fin de la misma. Todo ello muestra la debilidad del modelo energético, así como los terribles efectos de las tensiones inflacionistas, lo que vaticinan un invierno duro. Los posibles efectos que vaya a tener la falta de suministros energéticos, la incertidumbre y la falta de conocimiento sobre lo que pueda pasar en los próximos meses, vislumbran un nuevo escenario difícil, especialmente para nosotras, la clase trabajadora. De crisis en crisis, y vuelta a lo mismo, más precariedad, pobreza y mayor desigualdad.
Desde CGT, seguiremos denunciando las injusticias y explotación laboral, pero, sobre todo, nuestros esfuerzos continuarán fortaleciendo la defensa de nuestros derechos en los centros de trabajo y, por supuesto, luchando y llenando las calles.
Pero la labor de CGT no es sólo de denuncia, sino que propone la expropiación o nacionalización de sectores estratégicos clave. Convirtiéndolos en empresas públicas. La electricidad o combustibles en manos privadas multiplican sus ganancias y disparan los precios absolutamente de todo. Por otro lado es imprescindible una reforma fiscal progresiva ya.
Gabinete Confederal de Estudios y Formación