La ley de extranjería es la nueva definición del racismo institucional en nuestro país, expulsando a la parte más empobrecida de la vida social.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, con una orientación claramente instrumentalista, ya que la finalidad es paliar la falta de mano de obra en sectores clave para la economía.
“El objetivo que se pretende con esta reforma es hacer frente de forma ágil a los crecientes desajustes del mercado laboral…”
Con redactados de este calado a lo largo de toda la ley, de cara a la sociedad, no nos queda claro si es de centro o de derechas, según lo mires. Recordemos que es la ley de extranjería; y no supieron o no quisieron colarlo en la reforma laboral.
La modificación facilitará a los empresarios la contratación de extranjeros en sus países de origen, especialmente la contratación colectiva, limitada hasta ahora a temporeras; permitirá que las personas estudiantes de países de fuera de la UE puedan trabajar facilitando su permanencia en el país una vez terminada la formación; y se crea una figura legal, arraigo por formación en ocupaciones en las que se necesita mano de obra, para que personas migrantes que lleven en situación irregular en España al menos dos años tengan una vía para obtener sus papeles.
Atentos al párrafo anterior y resumiendo, esta ley trata de cubrir los puestos de trabajo más precarizados y que son rechazados por muchas personas de este país. Reconociendo un conflicto laboral en algunos sectores por la falta de conciliación, salario y carga física, la patronal no encuentra mano de obra si las trabajadoras/es no están sujetas a la presión de la pura supervivencia. Y el Estado en cuatro líneas, bajo una ley migratoria, le soluciona los problemas.
El objetivo de cubrir esos trabajos es lo que motiva esta reforma del Reglamento de Extranjería. No se ha consultado a las asociaciones de migrantes, ni se ha tenido en cuenta el derecho de toda persona trabajadora a tener unas condiciones dignas en su puesto de trabajo. Los trabajos que no cumplen estas condiciones mínimas y que tienen escasez de mano de obra como el campo, el transporte, la construcción o la hostelería, entre otros, serán ocupados por migrantes con esta nueva regulación.
Con un mensaje peligroso, a nosotras nos dejan claro una vez más, quien es nuestro enemigo. Como sindicato y como clase trabajadora tendremos que estar al lado de esos “nuevos asalariados” totalmente vulnerables.
Ante la miserable situación a la que se aboca a las personas migrantes en este país, esa posibilidad de regularización supone una tímida mejora en las condiciones de vida de miles de personas,
ya que aquí tener papeles es tener derechos. Se instrumentaliza a las personas migrantes y solo se accede a reconocerles sus derechos por motivos estrictamente económicos, por la necesidad de mano de obra de las empresas. La figura de arraigo por formación se centra en este mismo principio “permitiendo” a personas migrantes formarse en sectores con falta de mano de obra.
Esta ley contempla y refleja a las personas migrantes como mano de obra barata, se les ofrecen los trabajos más precarizados sin tener en cuenta su formación. Las condiciones laborales justas y dignas, la garantía de derechos, no son un requisito para esta supuesta oportunidad de regularización.
¿Para cuándo una regularización general? ¿Cuánto habrá que esperar para un compromiso real de los gobiernos europeos con la igualdad de derechos de todas las personas?
Desde CGT siempre defenderemos el libre tránsito de personas por el planeta y la plena igualdad de derechos.