Cada año, por estas fechas, los centros educativos informan a sus trabajadores de la posibilidad de someterse al reconocimiento médico anual, una actuación que debería servir para vigilar y promover la salud laboral y prevenir enfermedades profesionales. Estas actuaciones se enmarcan en la Medicina del Trabajo y son una obligación legal establecida en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y en el Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997). Dicho marco normativo determina con claridad cómo deben organizarse los sistemas de prevención y cuáles son los requisitos que debe cumplir el servicio responsable de velar por la salud de las trabajadoras y trabajadores.
Conforme a la ley, el empresario —en este caso, la Junta de Castilla y León— debe garantizar de manera efectiva la seguridad y la salud del personal a su cargo. Para ello, puede implantar distintos modelos de gestión preventiva: desde un Servicio de Prevención Propio (SPP) hasta la externalización mediante un Servicio de Prevención Ajeno (SPA).
La Junta, una vez más y pese a contar con capacidad suficiente para crear y consolidar estructuras públicas, opta por externalizar la prevención y contratar empresas privadas. Así, en la adjudicación oficial del contrato de servicios de prevención para el periodo 2024-2027, se asigna un presupuesto de 7.623.676,71 €, con una autorización total de 8.546.606,83 €, destinado íntegramente a entidades privadas. El desglose provincial es el siguiente:
- Ávila: 599.668,62 € – Quirón Prevención, S.L.U.
- Burgos: 913.644,07 € – Quirón Prevención, S.L.U.
- León: 1.253.394,08 € – ASPY Prevención, S.L.U.
- Palencia: 562.596,00 € – Cualtis, S.L.U.
- Salamanca: 894.809,88 € – Quirón Prevención, S.L.U.
- Segovia: 595.273,46 € – ASPY Prevención, S.L.U.
- Soria: 477.809,80 € – Quirón Prevención, S.L.U.
- Valladolid: 1.691.040,00 € – Cualtis, S.L.U.
- Zamora: 635.440,80 € – Cualtis, S.L.U.
La cuantía total destinada a financiar estas empresas es elevada y difícilmente justificable, especialmente cuando la Administración autonómica podría garantizar la prevención de riesgos laborales mediante un servicio público propio, estable, especializado y con conocimiento directo de la realidad educativa.
Desde la Sección de Enseñanza de CGT Zamora, sostenemos con claridad que los recursos públicos deben revertir en servicios públicos. La externalización supone desviar fondos a empresas privadas para ejercer funciones que deberían estar plenamente internalizadas y garantizadas por profesionales públicos, con estabilidad, continuidad y una visión integral del sistema educativo.
Por todo ello, reclamamos:
- La creación y dotación real de un Servicio de Prevención Propio, plenamente público y especializado en el ámbito educativo.
- Transparencia y evaluación rigurosa sobre la calidad, eficacia y seguimiento de los reconocimientos médicos realizados por empresas privadas.
- Una política de salud laboral centrada en las necesidades concretas del personal docente, y no en la lógica económica de las adjudicaciones externas.
- El fin de la privatización de la prevención de riesgos laborales en la Junta de Castilla y León.
Solo mediante un modelo público y robusto se puede garantizar una vigilancia de la salud digna, eficaz y ajustada a la realidad diaria del profesorado.